El Comisionado de CICIG, en varias ocasiones, ha manifestado la enorme importancia de la designación del Fiscal de Ministerio Público, que habría de hacerse el próximo año. Sus opiniones y preocupación han provocado la reacción de un sector significativo de la ciudadanía, analistas e incluso diputados del Congreso. Se han externado sospechas de manipulación y presiones previas, que pueden incidir en la decisión.

La trayectoria realizada por la actual Fiscal del MP, en estrecha relación con CICIG, ha alcanzado resultados muy satisfactorios en el esclarecimiento de redes de corrupción e impunidad de políticos, empresarios y funcionarios. La tarea iniciada ha de tener su continuidad con el traspaso de la responsabilidad al nuevo (a) Fiscal. Bloquear este proceso significaría una nueva y profunda decepción para la ciudadanía guatemalteca, desconfiada de los diferentes políticos. Si con la designación se busca detener el camino iniciado podríamos pensar que Guatemala no podrá encaminarse por modelos y propuestas alternativas de política y modelo de Estado, que tan necesario y urgente es ir propiciando. En Guatemala hay que dar un “cambio cualitativo” al quehacer político, con su estructura, actores y principios operativos.

La ciudadanía exigió una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos; se abrió el “diálogo nacional” para establecer Reformas en la Constitución, al sector Justicia; se han enviado mensajes, propuestas y requerimientos de la necesidad de cambios, para no volver a caer en los errores y repetir las corruptelas del pasado y presente. Pero, al parecer, todas estas exigencias “caen en costal roto y en oídos sordos”, pues se vuelven a cometer las mismas torpezas. ¿Cuándo atisbaremos, en el horizonte, señales posibles y factibles de un amanecer? ¿Cuándo los políticos de turno se empeñarán en un ejercicio de impulsar la construcción ciudadana y el auténtico estado democrático? ¿Cuándo los viejos y avezados políticos dejarán de transmutar de un partido a otro en busca de beneficios personales?

Los diputados, en el actual año legislativo, están mostrando su limitada capacidad o su adversa intención de resistir a las peticiones, expresas o silenciosas, de la ciudadanía. El tortuguismo en la discusión y aprobación de las Reformas al sector Justicia, el engavetamiento de proyectos de desarrollo rural, la exigencia de habilitar la reglamentación de los acuerdos suscritos en los Convenios y Declaraciones Internacionales como, por ejemplo, el Convenio 169, son muestras evidentes de un Congreso cooptado por sectores empresariales e intereses obscenos, que ralentizan el desarrollo justo y equitativo de Guatemala.

La designación del nuevo Procurador de los Derechos Humanos es otro asunto que revela la intencionalidad de buena parte de los diputados. Parece, de nuevo, repuntar en Guatemala la expresa influencia del Ejército, lo que significaría, en un futuro, un golpe a los Acuerdos de Paz, donde se abre la perspectiva de una verdadera y necesaria participación de la sociedad civil, que en Guatemala tiene un fisonomía identitaria de diversidad. Los diputados juegan a prolongar el tiempo de la designación del Procurador de los Derechos Humanos, para lograr candidatos cercanos al “permanente statu quo del Estado”.

Las designaciones del Fiscal del Ministerio Público y del Procurador de DDHH es “vital”, trascendental, como acertadamente señaló Iván Velázquez. Será el “medidor” ideológico y político del organismo ejecutivo y legislativo. Se juega mucho en esos cargos para continuar o bloquear el proceso iniciado. Es preocupante que la ciudadanía no se haya manifestado más allá de las redes sociales, en estas designaciones. El Comisionado de la CICIG, en varias declaraciones, ha manifestado la conveniencia de avanzar en esta trayectoria de conciencia ciudadana, de manera que se vaya proponiendo y consiguiendo una “auditoría ciudadana” del quehacer de los representantes en todos los niveles del Estado. Ello será una señal evidente de que “Guatemala va hacia su madurez política y su involucramiento democrático”.

Se ha tachado de “politización de la Justicia” la trayectoria de CICIG y MP. Aquella, con un mandato ratificado hasta 2019 por la ONU, ha sido un valioso instrumento de conciencia y acción por la justicia y bien común según quienes sean los señalados por corrupción / impunidad. CICIG ejerce un mandato de facilitar los caminos de una política y Estado transparente; no es intromisión desmedida “en los asuntos internos”, ya que hay un acuerdo entre las partes. El MP ha llevado adelante una fase valiente y enérgica de poner a la luz las lacras, abusos de los políticos. En realidad quienes politizan la justicia son los mismos políticos, cuando actúan por partidismo, sectarismo y buscando sus beneficios personales.

Esperemos que la “honestidad y ética política digna” prevalezca, para que en Guatemala se vaya habilitando el camino a una “Guatemala distinta y alternativa”

Cobán Alta Verapaz.

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