Septiembre 2017

Otra vez septiembre, ¿otro año más de banderitas, discursos ampulosos contra males de hace quinientos años, de desfiles de niños y adolescentes y fiestas patrias?

Los últimos acontecimientos nacionales han sido tan graves y profundos que este año los tambores sonarán en tono menor y desafinado. Algunos analistas y críticos, que no se han dejado confundir por los detalles y han visto el bosque, han dicho que hace falta una revolución.

Este país lleva más de treinta años necesitando una revolución. La propusieron algunos que se tiraron a la montaña pero la perdimos todos. La firma de la paz fue absolutamente ignorada por el otro sector de la sociedad y la ejecución de los Acuerdos se quedó en un café descafeinado sin sabor y sin efectos. ¡Qué gran error!, ¡histórico! ¡Qué oportunidad desperdiciada! la estamos pagando.

Sería bueno tomarnos este mes patrio para revisar cada quien sus errores y no quedarnos en los efectos sino llegar a la madre de los problemas. Podría ser un mes de mucho calado para las casas que producen pensamiento, especialmente las universidades.

El neoliberalismo posterior a la caída del marxismo, no solo caminó hacia un “capitalismo salvaje” sino que degeneró en un sistema de corrupción. No solo en Guatemala, el nuevo sistema político de gobierno está planeado para usar el Estado y el poder para beneficio propio. Se busca el poder de gobernar para producir beneficios personales y de grupo. Para ello se legisla, se enjuicia, se compra o se extorsiona sin sonrojo ni sentimiento de culpa.

Pareciera que vamos estando todos de acuerdo en que hemos llegado al punto del precipicio, de “estallido social”, de “ingobernabilidad”, de “Estado fallido”. Por tanto, que es necesaria una revolución de imaginar nuestro mundo, nuestra convivencia, de planteamientos nuevos basados en criterios humanistas de desarrollo sostenible y para todos.

Para ello necesitamos darnos unos criterios, principios, lineamientos, estructuras e instituciones adecuadas y útiles. De lo contrario seguiremos estando en una situación muy débil, de sobresaltos, de imposiciones y reivindicaciones. Alguien ha escrito que los desheredados y excluidos en Guatemala están pasando de la rabia a la rebeldía.

Un grupo de jóvenes, en su “mensaje final” después de unos días de reflexión y estudio, hace algo más de un mes, decían: Llamamos a nuestras hermanas y hermanos jóvenes de todos los pueblos indígenas a tomar nuestra cerbatana y disparar con nuestro liderazgo, para botar de su nance al nuevo Wuqub’ Kak’ix que se cree el dueño y señor de los bienes de nuestros pueblos.

Escuchar a los jóvenes puede ser un buen ejercicio en esta Guatemala de septiembre de 2017. Los jóvenes actuales pasan de ideologías, de grandes discursos, de historias del pasado y quieren vivir sensibles a la igualdad, al respeto, a la solidaridad, al progreso y desarrollo. Desaprueban que los adultos giren alrededor de sí mismos. Y reclaman ser escuchados y tener participación.

Escuchar a los indígenas de este país puede ser un buen ejercicio en este mes de septiembre de fiestas patrias. «Han transcurrido 10 años desde que la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, considerándose el instrumento internacional de derechos humanos de los pueblos indígenas más completo. La Declaración, cuya negociación llevó más de 20 años, se consolida hoy como una referencia de progreso y derechos, y un marco para la reconciliación” (Expertos de la ONU 9 agosto). ¡No nos enteramos!

Designaciones Relevantes

El Comisionado de CICIG, en varias ocasiones, ha manifestado la enorme importancia de la designación del Fiscal de Ministerio Público, que habría de hacerse el próximo año. Sus opiniones y preocupación han provocado la reacción de un sector significativo de la ciudadanía, analistas e incluso diputados del Congreso. Se han externado sospechas de manipulación y presiones previas, que pueden incidir en la decisión.

La trayectoria realizada por la actual Fiscal del MP, en estrecha relación con CICIG, ha alcanzado resultados muy satisfactorios en el esclarecimiento de redes de corrupción e impunidad de políticos, empresarios y funcionarios. La tarea iniciada ha de tener su continuidad con el traspaso de la responsabilidad al nuevo (a) Fiscal. Bloquear este proceso significaría una nueva y profunda decepción para la ciudadanía guatemalteca, desconfiada de los diferentes políticos. Si con la designación se busca detener el camino iniciado podríamos pensar que Guatemala no podrá encaminarse por modelos y propuestas alternativas de política y modelo de Estado, que tan necesario y urgente es ir propiciando. En Guatemala hay que dar un “cambio cualitativo” al quehacer político, con su estructura, actores y principios operativos.

La ciudadanía exigió una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos; se abrió el “diálogo nacional” para establecer Reformas en la Constitución, al sector Justicia; se han enviado mensajes, propuestas y requerimientos de la necesidad de cambios, para no volver a caer en los errores y repetir las corruptelas del pasado y presente. Pero, al parecer, todas estas exigencias “caen en costal roto y en oídos sordos”, pues se vuelven a cometer las mismas torpezas. ¿Cuándo atisbaremos, en el horizonte, señales posibles y factibles de un amanecer? ¿Cuándo los políticos de turno se empeñarán en un ejercicio de impulsar la construcción ciudadana y el auténtico estado democrático? ¿Cuándo los viejos y avezados políticos dejarán de transmutar de un partido a otro en busca de beneficios personales?

Los diputados, en el actual año legislativo, están mostrando su limitada capacidad o su adversa intención de resistir a las peticiones, expresas o silenciosas, de la ciudadanía. El tortuguismo en la discusión y aprobación de las Reformas al sector Justicia, el engavetamiento de proyectos de desarrollo rural, la exigencia de habilitar la reglamentación de los acuerdos suscritos en los Convenios y Declaraciones Internacionales como, por ejemplo, el Convenio 169, son muestras evidentes de un Congreso cooptado por sectores empresariales e intereses obscenos, que ralentizan el desarrollo justo y equitativo de Guatemala.

La designación del nuevo Procurador de los Derechos Humanos es otro asunto que revela la intencionalidad de buena parte de los diputados. Parece, de nuevo, repuntar en Guatemala la expresa influencia del Ejército, lo que significaría, en un futuro, un golpe a los Acuerdos de Paz, donde se abre la perspectiva de una verdadera y necesaria participación de la sociedad civil, que en Guatemala tiene un fisonomía identitaria de diversidad. Los diputados juegan a prolongar el tiempo de la designación del Procurador de los Derechos Humanos, para lograr candidatos cercanos al “permanente statu quo del Estado”.

Las designaciones del Fiscal del Ministerio Público y del Procurador de DDHH es “vital”, trascendental, como acertadamente señaló Iván Velázquez. Será el “medidor” ideológico y político del organismo ejecutivo y legislativo. Se juega mucho en esos cargos para continuar o bloquear el proceso iniciado. Es preocupante que la ciudadanía no se haya manifestado más allá de las redes sociales, en estas designaciones. El Comisionado de la CICIG, en varias declaraciones, ha manifestado la conveniencia de avanzar en esta trayectoria de conciencia ciudadana, de manera que se vaya proponiendo y consiguiendo una “auditoría ciudadana” del quehacer de los representantes en todos los niveles del Estado. Ello será una señal evidente de que “Guatemala va hacia su madurez política y su involucramiento democrático”.

Se ha tachado de “politización de la Justicia” la trayectoria de CICIG y MP. Aquella, con un mandato ratificado hasta 2019 por la ONU, ha sido un valioso instrumento de conciencia y acción por la justicia y bien común según quienes sean los señalados por corrupción / impunidad. CICIG ejerce un mandato de facilitar los caminos de una política y Estado transparente; no es intromisión desmedida “en los asuntos internos”, ya que hay un acuerdo entre las partes. El MP ha llevado adelante una fase valiente y enérgica de poner a la luz las lacras, abusos de los políticos. En realidad quienes politizan la justicia son los mismos políticos, cuando actúan por partidismo, sectarismo y buscando sus beneficios personales.

Esperemos que la “honestidad y ética política digna” prevalezca, para que en Guatemala se vaya habilitando el camino a una “Guatemala distinta y alternativa”

Cobán Alta Verapaz.

Cambios en los Pueblos Mayas y Consciencia Política

En el periódico Prensa Libre, el domingo 26 de marzo, en una página completa de “Opinión” se presenta un mapa estadístico de los porcentajes de 22 lenguas maya-hablantes. En dicho reportaje se hacía mención de tres lenguas que están en peligro de desaparición; siendo la más significativa la Itza, en el departamento del Petén, donde algunos docentes tratan de hacer esfuerzos por mantener y ampliar esa limitada estadística.

Queremos hacer notar, en los porcentajes, que la lengua q’eqchi’ se encuentra en segundo lugar de hablantes, lo que significa que sobrepasa a las lenguas kaqchikel y mam, yendo después de la lengua kiché. Eso indica, no solo la estabilidad práctica de esa lengua, sino su crecimiento en la lecto-escritura. Se suele sostener que el idioma q’eqchi’ es el que cuenta con mayor número de manejo de la escritura materna. Este dato es significativo y puede referir al talante cultural de este pueblo, residente en las Verapaces, Petén, suroriente de quiché y Belice. No olvidemos que fue la lengua q’eqchi’ la primera de la socialización de la escritura entre sus hablantes.

Sin embargo, los firmantes de la página en Prensa Libre afirman que se ha reducido el porcentaje de maya-hablantes con respecto a períodos precedentes. Habrá que esperar al Censo Poblacional, que se hará el próximo año, aunque con las salvedades y riesgos de los criterios que se establezcan para identificar a los sujetos-hablantes de los idiomas mayas. Más allá de esas posibles limitaciones, el hecho objetivo es la reducción de hablantes en las lenguas mayas.

Es evidente que la mayor participación de niños y jóvenes en las escuelas de procedencia maya, está influyendo en el uso cotidiano de la lengua castellana y en el estrechamiento de la propia. Por otro lado los programas iniciales de Educación Bilingüe es las escuelas primarias cuentan con muchos defectos y la posibilidad de manejar el bilingüismo en toda la educación primaria, básico y diversificado sigue teniendo serios inconvenientes (financieros, docentes, estructurales, programáticos). El proyecto de elaborar un curriculum universitario en clave maya y el establecimiento de la Universidad Maya aún sigue siendo un “deseo de algunos sectores mayas más críticos y exigentes”, pero con silencio o indiferencia, al respecto, por parte de autoridades competentes. Al fin de cuentas esto revela que los pueblos indígenas en Guatemala, a pesar de pasar 20 años de ADIDPI (Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas) y otros más, están siendo aplicados con estancamiento o lentitud.

La globalización, modernidad y mayor acceso de los sujetos indígenas, fuera de sus comunidades y regiones, está afectando a la conciencia de valoración de las lenguas maternas y al manejo más asiduo del idioma español. La escuela no facilita la valoración de lo propio, sino que se queda retenido en la periferia de la identidad. Prioriza los símbolos paternos, pero pasa superficialmente por el conocimiento de los orígenes, historia y consecuencias operadas. Se tiende a folclorizar la cultura maya y muy poco a cultivarla y estimular su realización y expresión cotidianas; hay docentes que siguen alimentando estereotipos negativos hacia los actores mayas. Guatemala sigue siendo una sociedad desigual y marcada por un dominio monocultural. En diversas ocasiones nos hemos referido, en este espacio, a la “necesidad de constitucionalizar la diversidad en Guatemala”, como bien y exigencia para todos y oferta de construcción pluralística ante otros pueblos. En Guatemala no podrá afirmarse la justicia y equidad, si no se asegura y constituye el valor de la diversidad, con todas sus implicaciones.

Pero la globalización y el proceso de cambio afecta a otros aspectos de las culturas de los pueblos indígenas, como son los valores tradicionales y prácticas de conducta que han mantenido el modelo familiar, la relación comunitaria, la dependencia y relación con la Madre Tierra, tradiciones y costumbres. Las transformaciones van penetrando en los cambios ético-morales. En muchos casos se pasa de una fase premoderna a otra postmoderna, sin recabar analítica y vitalmente los bienes de la modernidad. Sectores jóvenes de los pueblos indígenas asimilan miméticamente comportamientos que no favorecen la procesualidad normal de la dinámica cultural.

Todo este conjunto de situaciones indican que las culturas de los pueblos indígenas se van orientando hacia perfiles de borrosidad identitaria propia. Hay necesidad de acompañar a la juventud maya menos consciente y crítica a conocer y analizar el impacto de la globalización en sus vidas e identidades, acompañarles a valorar los “nucleos de sentido”, de sus culturas maternas, que sean necesarios y factibles de repensar en los nuevos contextos que propicia la globalización… Es imperativo, en fin, educar en un pensamiento crítico, capaz de analizar lo favorable y lo perjudicial que los estímulos de la globalización / modernidad piden, para que las generaciones jóvenes se posicionen en la participación digna y protagonista de “constituir legítimamente la diversidad en Guatemala”

Cobán Alta Verapaz.

Ignorancia Consciente

IGNORANCIA CONSCIENTE

Foto: http://www.urng-maiz.org.gt/

La postergación, semana a semana, del análisis, debate y aprobación de los cambios relativos a la Justicia Indígena, en el conjunto de reformas que se vienen impulsandoel empecinamiento del sector económico-empresarial, partidos políticos afines y un sector no establecido porcentualmente de la sociedad guatemalteca revelan las contradicciones sociopolíticas, económicas y culturales que persisten en Guatemala desde hace siglos.

Las formas en que se habilita la justicia indígena no son una postura reciente, sino un modo propio de afrontar y solucionar problemas, facilitando criterios culturales, involucramiento comunitario y liderazgos mayas, así como aligerar el tortuguismo del sistema occidental en la solución de conflictos, donde la ley se manipula, tergiversa y se retuerce, hasta lo indecible, en favor del más fuerte y poderoso. La propaganda suscrita por el CACIF en favor de “un sistema de justicia igual para todos” expresa la intencionalidad de mantener el statu quo, con una estructura y formas operativas que mantengan la desigualdad e injusticia.

La mayoría de los diputados defienden intereses partidarios y sectoriales; parecen ignorar el alcance real y proyectivo de la multiculturalidad de Guatemala y sus derechos. La dilación en el estudio sereno de las reformas en orden a su aprobación manifiesta intereses mezquinos, ignorancia consciente, racismo y discriminación de las grandes mayorías indígenas. La democracia en Guatemala sigue frágil y a expensas de los “políticos de antaño”.

Es claro que la implementación formal / constitucional de la justicia indígena, demanda tanto un análisis cuidadoso, conocimiento de experiencia de otros países, donde manejan varios sistemas legales, una educación ciudadana en el campo de la justicia que ayude a los guatemaltecos a un mayor empoderamiento crítico del quehacer político, así como el cultivo en los personeros de la acción judicial (jueces, abogados, notarios…) a reconocer las identidades de los pueblos, no como algo tangencial, folklórico, turístico o secundario, sino transversal e implicante en su labor como “guardianes y garantes del derecho de todos, con sus singularidades culturales”.

La posibilidad de integrar constitucionalmente la justicia indígena, será una señal de que en Guatemala se desea avanzar en el pluralismo jurídico, ser políticamente coherente con las diferencias identitarias y empujar el derecho de los pueblos. La resistencia a las reformas por los diputados revela también que los Acuerdos de Paz fueron un acontecimiento oportunista para los políticos de turno, pero no una cuestión firme y decidida a implementar. Pareciera que los Acuerdos de Paz se han convertido en un recuerdo del pasado y no en un permanente desafío. ¿Dónde queda lo que se señala del “derecho consuetudinario” en el Acuerdo Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas? Pareciera que nuestros políticos y empresarios desean que los pueblos indígenas sigan siendo ciudadanos de segunda clase, aunque en los discursos se afirme lo contrario.

Algunos líderes indígenas han sido honestos y sinceros al afirmar que los pueblos originarios apoyarán las otras reformas, aunque no se valide la reforma al sector indígena. Esto se puede calificar de “ciudadanía y democracia verdadera”. Pero si se llega a no aprobar, habría de ser después de un justo, digno y concienzudo análisis de pros y contras, en su posibilidad, factibilidad y no de una consciente ignorancia de la realidad plural de Guatemala.

Igualmente varios líderes indígenas han manifestado que la práctica del derecho consuetudinario seguirá realizándose se apruebe o no, pues es una herencia comprobada a través del tiempo en su validez y eficacia. Es evidente que en la acción del derecho consuetudinario entre los pueblos mayas hay matizaciones de aplicación, pero todos ellos se articulan en un denominador común, que brota de los elementos fundamentales de la cosmovisión.

En la posibilidad de que se diera luz verde y aprobación de dicha reforma se incide un programa de educación, tanto para los propios sujetos indígenas, perteneciendo a sus pueblos, como al respeto y valoración de los sectores no indígenas de Guatemala, desde una valoración legítima y sustantiva de la alteridad. Además, los profesionales indígenas del derecho habrán de conocer y favorecer la práctica que sus pueblos han venido realizando, y el resto de profesionales de adscripción cultural no indígena habrán de estar abiertos al dualismo de sistemas jurídicos, en orden a defensa y promoción de una justicia democrática.

Confiemos, en fin, que la sensatez, la objetividad y el sentido común logren el desbloqueo de las actuales resistencias, prejuicios, estereotipos culturalistas, que hoy hacen más complejo vislumbrar con optimismo la luz de un futuro sistema de justicia para todos, que se esfuerce en conocer, respetar, valorar  legitimar el pluralismo jurídico.

Cobán, marzo 2017