IGNORANCIA CONSCIENTE

Foto: http://www.urng-maiz.org.gt/

La postergación, semana a semana, del análisis, debate y aprobación de los cambios relativos a la Justicia Indígena, en el conjunto de reformas que se vienen impulsandoel empecinamiento del sector económico-empresarial, partidos políticos afines y un sector no establecido porcentualmente de la sociedad guatemalteca revelan las contradicciones sociopolíticas, económicas y culturales que persisten en Guatemala desde hace siglos.

Las formas en que se habilita la justicia indígena no son una postura reciente, sino un modo propio de afrontar y solucionar problemas, facilitando criterios culturales, involucramiento comunitario y liderazgos mayas, así como aligerar el tortuguismo del sistema occidental en la solución de conflictos, donde la ley se manipula, tergiversa y se retuerce, hasta lo indecible, en favor del más fuerte y poderoso. La propaganda suscrita por el CACIF en favor de “un sistema de justicia igual para todos” expresa la intencionalidad de mantener el statu quo, con una estructura y formas operativas que mantengan la desigualdad e injusticia.

La mayoría de los diputados defienden intereses partidarios y sectoriales; parecen ignorar el alcance real y proyectivo de la multiculturalidad de Guatemala y sus derechos. La dilación en el estudio sereno de las reformas en orden a su aprobación manifiesta intereses mezquinos, ignorancia consciente, racismo y discriminación de las grandes mayorías indígenas. La democracia en Guatemala sigue frágil y a expensas de los “políticos de antaño”.

Es claro que la implementación formal / constitucional de la justicia indígena, demanda tanto un análisis cuidadoso, conocimiento de experiencia de otros países, donde manejan varios sistemas legales, una educación ciudadana en el campo de la justicia que ayude a los guatemaltecos a un mayor empoderamiento crítico del quehacer político, así como el cultivo en los personeros de la acción judicial (jueces, abogados, notarios…) a reconocer las identidades de los pueblos, no como algo tangencial, folklórico, turístico o secundario, sino transversal e implicante en su labor como “guardianes y garantes del derecho de todos, con sus singularidades culturales”.

La posibilidad de integrar constitucionalmente la justicia indígena, será una señal de que en Guatemala se desea avanzar en el pluralismo jurídico, ser políticamente coherente con las diferencias identitarias y empujar el derecho de los pueblos. La resistencia a las reformas por los diputados revela también que los Acuerdos de Paz fueron un acontecimiento oportunista para los políticos de turno, pero no una cuestión firme y decidida a implementar. Pareciera que los Acuerdos de Paz se han convertido en un recuerdo del pasado y no en un permanente desafío. ¿Dónde queda lo que se señala del “derecho consuetudinario” en el Acuerdo Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas? Pareciera que nuestros políticos y empresarios desean que los pueblos indígenas sigan siendo ciudadanos de segunda clase, aunque en los discursos se afirme lo contrario.

Algunos líderes indígenas han sido honestos y sinceros al afirmar que los pueblos originarios apoyarán las otras reformas, aunque no se valide la reforma al sector indígena. Esto se puede calificar de “ciudadanía y democracia verdadera”. Pero si se llega a no aprobar, habría de ser después de un justo, digno y concienzudo análisis de pros y contras, en su posibilidad, factibilidad y no de una consciente ignorancia de la realidad plural de Guatemala.

Igualmente varios líderes indígenas han manifestado que la práctica del derecho consuetudinario seguirá realizándose se apruebe o no, pues es una herencia comprobada a través del tiempo en su validez y eficacia. Es evidente que en la acción del derecho consuetudinario entre los pueblos mayas hay matizaciones de aplicación, pero todos ellos se articulan en un denominador común, que brota de los elementos fundamentales de la cosmovisión.

En la posibilidad de que se diera luz verde y aprobación de dicha reforma se incide un programa de educación, tanto para los propios sujetos indígenas, perteneciendo a sus pueblos, como al respeto y valoración de los sectores no indígenas de Guatemala, desde una valoración legítima y sustantiva de la alteridad. Además, los profesionales indígenas del derecho habrán de conocer y favorecer la práctica que sus pueblos han venido realizando, y el resto de profesionales de adscripción cultural no indígena habrán de estar abiertos al dualismo de sistemas jurídicos, en orden a defensa y promoción de una justicia democrática.

Confiemos, en fin, que la sensatez, la objetividad y el sentido común logren el desbloqueo de las actuales resistencias, prejuicios, estereotipos culturalistas, que hoy hacen más complejo vislumbrar con optimismo la luz de un futuro sistema de justicia para todos, que se esfuerce en conocer, respetar, valorar  legitimar el pluralismo jurídico.

Cobán, marzo 2017

 

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